El intento del Ministerio Público por enviar a prisión preventiva al exvicepresidente José Gabriel Carrizo no prosperó.
El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantenerle la medida de detención domiciliaria e impedimento de salida del país, rechazando así la solicitud de la Fiscalía de trasladarlo a un centro penitenciario.
La decisión representa un revés para el Ministerio Público, que sustentó su petición en la gravedad del caso y en los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República, donde se señalan más de 1.9 millones de dólares presuntamente sin justificar. También argumentaron riesgo de fuga y cuestionaron viajes realizados cuando ya conocía que estaba bajo investigación.
Por su parte, el abogado Pedro Meilán defendió que Carrizo regresó al país al conocerse la orden de aprehensión en su contra y reiteró que la auditoría presentada por la Contraloría contiene “inconsistencias”.
Carrizo enfrenta un proceso penal tras ser imputado por supuesto enriquecimiento injustificado. Fue vicepresidente durante la administración de Laurentino Cortizo y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático en la pasada campaña electoral.
Además, la Contraloría ordenó el secuestro de bienes que alcanzarían los 1.3 millones de dólares.
El exvicepresidente ha sostenido públicamente que es víctima de una persecución por parte del contralor Anel Flores.
